De qué se queja y de qué no la prensa española: bozales legislativos y riendas gubernamentales

Por si la profesión no viviera desde hace años una situación interna lo suficientemente explosiva, en los últimos tiempos ha sido especialmente maltratada y mangoneada desde las altas esferas del poder y la legislación. Aquí tenemos un somero resumen de los principales ataques dirigidos hacia la prensa, así como de la enérgica y valiente reacción del colectivo ante estas agresiones… si es que hubo alguna.

wtf?

 

(lee la primera parte de este artículo aquí)

 

Legislación hostil: La ley mordaza

La Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en junio de 2015, una ley más conocida popularmente con el merecido apodo de “ley mordaza” es, en opinión de gran número de expertos, algunos de ellos pertenecientes a la ONU o a organizaciones como Reporteros sin Fronteras, una ley que afecta gravemente a varios derechos fundamentales, de entre los cuales la libertad de prensa y de expresión no son una excepción.

Dicha ley, en general, aporta al ordenamiento jurídico español multitud de nuevas sanciones administrativas que conllevan multas muy onerosas pero que, al no ser técnicamente delitos, no precisan de juicios ni de tribunales. Haciendo que la palabra de las fuerzas del orden sea ley y que, en la práctica, apenas haya posibilidad de recurrirla, entre la gran multitud de aspectos cuestionables que implican a la ciudadanía los periodistas se ven especialmente afectados cuando se dispone, por ejemplo, que grabar o fotografiar a la policía y difundir las imágenes sin autorización será falta grave multada con hasta 30.000 euros. La ley, a la que apuntala el pacto antiterrorista firmado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en febrero de 2015, penaliza también las filtraciones informáticas al estilo de la Lista Falciani o del caso Snowden, que tanto bien le hicieron al periodismo internacional y tanto aportaron a la trasparencia gubernamental, y que serán consideradas de ahora en adelante como “terrorismo informático”. En dicha ley se facilita también la posibilidad de realizar espionaje a la prensa con pinchazos telefónicos e incluso aplicarle formas de detención incomunicada. Se crea una lista negra de infractores para quien cometa infracciones administrativas que se añade a los ya existentes antecedentes penales para quien haya sido condenado por un juez. Se establece como delito el consultar “de forma habitual” páginas web de contenido terrorista, dejando un amplio margen a la interpretación de qué sería exactamente consultarlas de forma “habitual” o incluso qué contenidos serían considerados “terroristas”. Se refuerza el carácter de “delito contra la corona” en relación a la publicación de contenidos satíricos que atañan a los miembros de la familia real. Y, quizás lo mejor, se establece también que quien se haga eco de una convocatoria de protesta usando las redes sociales, aunque sea con mero ánimo de informar, podrá ser acusado de terrorismo y multado, así como también lo será quien caiga en las muy ambiguas e imprecisas definiciones de, por ejemplo, escribir contenidos que “puedan perturbar la paz social” o el “enaltecimiento o la justificación públicos” de los nuevos delitos o “la difusión de consignas” que puedan incitar a otros a cometerlos.

Habida cuenta de todo esto, y de que se trata, ni más ni menos, que de una ley, es decir, una norma con consecuencias concretas, efectos inmediatos y multas estratosféricas, y por lo tanto algo mucho más amenazante sin duda que un gesto o unas palabras ofensivas, cabría haber esperado una oposición frontal por parte de la prensa nacional a medida que la norma se convertía en una realidad. Desde su entrada en vigor, de hecho, ya se han acumulado varios ejemplos de castigos draconianos que rozan incluso el surrealismo. No obstante, y aunque es cierto que no estuvo exenta de polémica o de criticas, no hubo ni de lejos nada parecido a un desplante generalizado o a una rebeldía por parte del periodismo español. De hecho, hubo algún que otro diario que incluso la defendió.

(Wyoming se hace eco de dicha ley)

 

El peligro también viene de fuera: la Directiva Europea de Secretos Comerciales

Por si no fuera bastante con la inefable ley defendida por el ministro de Justicia Rafael Catalá, ministro que, por cierto, volverá a aparecer más adelante en este mismo artículo por otras razones de índole similar, de Europa vino recientemente la paletada de arena que siempre sigue a la de cal.

La Directiva Europea de Secretos Comerciales, aprobada en abril de este mismo año, y denunciada activamente por hasta 46 organizaciones distintas defensoras todas ellas de la transparencia y del derecho a la información, es una ley que, con el fin declarado de proteger la propiedad intelectual de las empresas y favorecer la innovación, la investigación y el desarrollo, establece y blinda el concepto de “secreto comercial” hasta límites nunca antes vistos. Así, dicha ley penaliza especialmente a la figura del whistleblower, aquellas personas que, a fin de hacerle un servicio a la sociedad, filtran a la prensa informaciones confidenciales propiedad de empresas privadas que desvelan, a su juicio, prácticas ilegales o de escasa ética. Con la nueva ley serán estos filtradores, cuya labor ha sido reconocida incluso por la OECD, quienes habrán de demostrar el bien social que persiguen con sus actos, estableciéndose además enormes penas con ánimo disuasorio para que, quien pretenda filtrar contenidos en un futuro, se lo piense dos veces.

En un momento en que todos los ciudadanos españoles tienen aún muy fresca la andanada de revelaciones que produjeron en prensa los así llamados “papeles de Panamá”, y justo cuando han salido a la luz los “papeles de la Castellana”, cabría haber esperado alguna reacción por parte de los medios nacionales ante esta nueva marejada que se le viene encima. ¿Ha habido alguna, pues? Pues prácticamente ninguna, aparte de que varios diarios se hicieran eco de ella muy por encima y solo en aquellas fechas en que estaba a punto de ser aprobada o en que acababa de serlo.

(La ley según Xnet)

 

Manipulación desde el poder político: los aberrantes casos de Canal 9 y Telemadrid, y los recurrentes bochornos de TVE

Además de con leyes restrictivas desde dentro y desde fuera, el mismo poder gubernamental se ha encargado durante estos últimos años de ponerles las cosas difíciles a los periodistas españoles metiendo mano sin medida ni vergüenza en las diferentes televisiones públicas autonómicas o nacionales.

El caso más sonado, quizás por su dramático final, es el de la televisión valenciana, el ahora extinto Canal 9. Aunque aún hay y habrá muchos trapos sucios que sacar, y dejando a un lado la implicación de parte de su antigua dirección en la trama Gürtel, durante los últimos años de su existencia la emisora fue frecuentemente criticada por su falta de objetividad y por sus prácticas de manipulación informativa a favor del Partido Popular, extremo que incluso confirmó su propio comité de empresa en un famoso comunicado de 2012. La hemeroteca de prácticas torticeras y burdas imparcialidades del antiguo canal valenciano es larga, y llega incluso al extremo de haber silenciado el trágico accidente de Metrovalencia de 2006 en el que murieron 43 personas.

Telemadrid es, sin duda, otro de los ejemplos más claros de manipulación desde que los gobiernos populares de Esperanza Aguirre le echaron mano en 2003. Aquí hubo sueldos millonarios a periodistas afines al PP mientras las cuentas de la entidad no cuadraban; repetidas denuncias por parte de sindicatos y partidos políticos, desplome de los ingresos publicitarios y de las audiencias y, de postre, un ere salvaje que dejó en la calle al 80% de la plantilla. El grado de manipulación llegó a ser tal que incluso un grupo de trabajadores creó la plataforma Salvemos Telemadrid para denunciar los abusos y la rampante falta de ética. La hemeroteca también está bien surtida.

La televisión nacional pública, TVE, tampoco se libra de episodios abochornantes, por cierto mucho más habituales desde que el PP accedió al poder a finales del año 2011. Y es que no podía ser menos, si tenemos en cuenta que el PP cambió la ley de independencia del ente público hecha por el anterior gobierno, recortó 250 millones de euros a dicha televisión y a la radio pública, y tras haber dimitido su anterior director colocó al frente del grupo a José Antonio Sánchez, el mismo que había dirigido Telemadrid con los pésimos resultados  que conocemos. Las consecuencias: Purgas de periodistas críticos con el partido de gobierno, miembros de la ultraderecha mediática del país en debates del antaño prestigioso canal 24 Horas, presentadoras tan polémicas como Mariló Montero en plantilla, despidos, multitud de denuncias públicas hechas por los trabajadores y por el Consejo de Informativos del ente, llamadas de atención sobre el trato de favor hacia los populares en todos y cada uno de los comicios celebrados durante la última legislatura, desplome de las audiencias hasta niveles críticos… El broche de oro se lo ha llevado recientemente un informe que evidencia cómo, en medio de una segunda convocatoria de elecciones al Congreso y al Senado, de una situación política más reñida y plural que nunca en la historia de la democracia, y en un momento crítico para la nación desde un punto de vista tanto económico como social, la televisión de todos le ha dedicado más tiempo a los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela que al paro, precisamente y según el CIS el asunto que más preocupa actualmente a los españoles. Por supuesto, no es casualidad que Venezuela se haya convertido, precisamente, en uno de los argumentos a esgrimir contra Podemos, partido que, según el mismo informe, está infrarepresentado en el medio, apareciendo menos minutos incluso que Ciudadanos, y ello a pesar de colocarse, según las encuestas más recientes, como el segundo partido más votado en las próximas elecciones del 26 de junio.

Estas andanzas, no obstante, no son nuevas, como nos recordará para siempre la mítica disculpa que Alfredo Urdaci, director de informativos de TVE durante el Gobierno de Aznar, se vio forzado a leer en 2006 tras ser su cadena condenada por vulneración de los derechos de los trabajadores debido a la falta de rigor informativo y probada parcialidad a la hora de informar sobre la Huelga General del 20 de junio de 2002. Sin pronunciar los nombres, en horario de baja audiencia, con fondo negro, a toda velocidad, y asegurando que la sentencia no era firme.

(Un vídeo para el recuerdo)

 

Por supuesto, y como se ha comentado, hubo y hay numerosas voces críticas desde fuera y desde dentro de los propios medios antes citados, pero dichas voces son escasas incluso a día de hoy, incluso en medio de diversas investigaciones y de que alguno de ellos haga tiempo ya que ha sido cerrado. Por supuesto, lo que no se ha visto nunca, ni se espera ver, son movilizaciones, paros, comunicados, manifiestos o rebeliones abiertas por parte de sus plantillas. De hecho, ni tan siquiera se ha percibido una fuerte y decidida solidaridad por parte del resto de colegas que trabajan en otros medios y que bien podrían, al menos, haber denunciado los hechos abierta e inequívocamente desde fuera, algo que siempre serviría para añadir presión y que, en fin, además resultaría mucho más fácil que hacer que desde dentro.

(Un ejemplo de que Podemos ha sido sistemáticamente arrinconado en TVE la tenemos en la primera entrevista que pudo conceder en el ente público su líder, Pablo Iglesias, que llegó el 6 de diciembre de 2014, casi doce meses después de que el partido fuese fundado, y tras presiones para que se realizara por parte de los propios trabajadores de la televisión. La entrevista quedó para la posteridad por su alta tensión)

(lee la tercera parte de este artículo aquí)

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2 responses to “De qué se queja y de qué no la prensa española: bozales legislativos y riendas gubernamentales

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