La doble vara de medir con la que sacude la derecha en España: estrategia del silencio e hilillos de plastilina

En el recorrido de polémicas protagonizadas por la derecha viajamos primero a las costas de Galicia para, más adelante, visitar Valencia.

1988903872_4c0896a0e4_o

(lee la segunda parte de este artículo aquí)

 

Nunca Mais

13 de noviembre de 2002: El petrolero monocasco Prestige, procedente de Letonia, lucha contra una tormenta frente a la Costa de la Muerte, Galicia. Es viejo, a punto de ser retirado del servicio, pero va cargado con 77.000 toneladas de fuel. Se le abre una grieta en el casco, parte de la tripulación es evacuada, y el barco navega a la deriva perdiendo fuel. La mañana siguiente remolcadores consiguen engancharlo y encender los motores del barco, que sigue perdiendo carga. Se plantea la posibilidad de fondear el barco en el puerto de La Coruña y realizar allí un vertido controlado, pero se rechaza. Los remolcadores, por orden del director general de la Marina Mercante, José Luís López Sors, habiendo recibido éste órdenes del ministro del Interior, Francisco Álvarez-Cascos, intentan alejar el barco lo máximo posible, moviéndolo 437 kilómetros mar adentro durante cuatro días, primero en dirección norte y, luego, en dirección sur, todo ello a pesar de las reticencias del capitán.

El 15 apagan los motores, pero la grieta aumenta de tamaño. El 16 llega la primera marea negra a las costas gallegas, pero Arsenio Fernández de Mesa (el de la posterior tragedia de Ceuta), por entonces delegado del Gobierno en Galicia, asegura que “el problema ha entrado en vías de solución”, mientras Manuel Fraga, Francisco Álvarez Cascos y Jaume Matas, a la sazón presidente de la Xunta, ministro de Fomento, y ministro de Medio Ambiente, se van a pasar el fin de semana de cacería, a esquiar y a Doñana respectivamente. Miguel Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, afirma que “la rápida intervención de las autoridades alejando el barco de las costas ha permitido que no temamos una catástrofe ecológica ni grandes problemas para los recursos pesqueros”. Aznar viaja a una cumbre en República Dominicana, y no pisa Galicia hasta el 14 de diciembre. Matas no hace acto de presencia hasta el día 20 de noviembre. Álvarez-Cascos no solicita informes técnicos hasta el día 18. El 17 el Consejero de Pesca, López Veiga, intenta tranquilizar a la población afirmando que “no se trata de una marea negra, sólo de un vertido de fuel”. No obstante, la mañana del 18 la prensa nacional empieza a hacerse eco del desastre ecológico. Aznar insta a Rajoy, a la sazón vicepresidente del Gobierno, a crear una comisión interministerial, y éste encarga al ministro de Defensa, Federico Trillo, que estudie la viabilidad de hundir el barco utilizando medios militares, incluido un bombardeo con napalm, lo que finalmente se descartará. El día 19, sobre las 8 de la mañana, el petrolero finalmente se parte en dos y naufraga a 250 kilómetros de las costas gallegas.

Mariano Rajoy sobrevuela la costa el mismo día 19 y declara que “las cosas se han hecho razonablemente bien”. El delegado del Gobierno, Fernández de Mesa, asegura que “a ojo de buen cubero el Prestige ha vertido 3.000 o 4.000 toneladas”. Durante los días siguientes Rajoy sigue negando la existencia de mareas negras, y suelta su famosa frase de los “hilillos de plastilina”. Trillo visita las playas y afirma que están “esplendorosas”. No obstante, cerca de 63.000 toneladas de fuel son arrojadas al mar, y la llamada corriente de Navidad hace que el ‘chapapote’ inunde tres cuartas partes de todas las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y llegue eventualmente hasta Francia. Se prohíbe la pesca durante meses en casi 1.000 kilómetros de litoral, provocando 1.400 millones de euros en pérdidas, a las que hubo que sumar 3.860 millones en labores de limpieza, lo que lo convirtió en uno de los accidentes más costosos de la historia, tanto económica como ecológicamente hablando. Durante nueve meses se recogen más de 17.000 aves muertas, y en las labores de limpieza, que continuaron hasta bien entrado el 2003, participan cientos de miles de voluntarios de toda España. A pesar de las dimensiones del desastre, del gran descontento social, y de una oleada de protestas sin precedentes en Galicia, no hubo jamás dimisiones ni admisión alguna de responsabilidad política por parte de cargos del gobierno del PP, con excepción de José Luís López Sors quien, recordemos, recibió órdenes de Cascos. Álvarez Cascos, sin embargo, recibió de hecho la Medalla de Oro de Galicia, y Rajoy siguió manteniendo importantes cargos gubernativos para luego ser líder del PP y, más adelante, presidente del Gobierno.

(Rajoy y los hilillos, en rueda de prensa el 5 de diciembre)

 

Los trenes de Valencia

Del noroeste al levante: 3 de julio de 2006. 13:00 horas. Barrio de La Raiosa, Valencia. Estación de Jesús. Un convoy de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana toma una curva con exceso de velocidad y descarrila. Mueren 43 personas y otras 47 resultan heridas. Canal Nou, la cadena pública de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP de Francisco Camps, no cambia un ápice su programación, particularmente enfocada en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, y ello a pesar del trágico accidente. Varios trabajadores de la entidad denuncian injerencias por parte del gobierno valenciano para ignorar el caso. El testimonio más relevante es el del periodista Frederic Ferri, quien siete años después aseguró en un documental que hubo directrices provenientes de la Generalitat para minimizar la cobertura del accidente.

En seguida salen a la luz diversas carencias en las medidas de seguridad: el sistema de seguridad, más barato pero a la vez mucho menos seguro que el usado habitualmente en las demás redes de metro españolas, solo poseía balizas de seguridad en puntos críticos del trazado; trabajadores del metro habían solicitado sin éxito su reemplazo ocho años antes; un maquinista había denunciado el exceso de velocidad empleada en aquel tramo; y las ventanas de los vagones habían sido cambiadas por unas con protección de plástico cuya sujeción no había sido reforzada, lo que provocó que cedieran en el momento del accidente permitiendo que la gente saliera despedida del vehículo. Por si fuera poco, el libro de averías del tren siniestrado y todas sus copias desaparecen tras el accidente sin que aún hoy exista explicación alguna.

El PP acepta la creación de una comisión de investigación en las Cortes valencianas, pero utiliza su mayoría absoluta para vetar comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición y la susodicha comisión solo dura unos pocos días. Los sindicatos ferroviarios y partidos como PSPV-PSOE y EUPV solicitan la dimisión del Conseller de Infraestructuras, Ramón García Antón, pero finalmente se llega a la conclusión de que la tragedia se debió a un factor humano. Una investigación judicial para determinar las posibles responsabilidades penales archiva el caso en mayo de 2008 por falta de pruebas, con la conclusión de que “fue un accidente imprevisible e inexplicable”, considerando único responsable al conductor del tren, quien había fallecido en el accidente. La televisión valenciana corrobora sin fisuras dicha versión. Camps nunca se digna siquiera a entrevistarse con los familiares, quienes terminan creando la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.

En febrero de 2012 el periódico El Mundo publica una noticia según la cual la empresa del metro había contratado a la consultora HM&Sanchis para preparar los testimonios de los técnicos que iban a declarar en la comisión de investigación, aleccionándolos con una batería de posibles preguntas, palabras prohibidas, directrices y versiones a fin de que eximieran de toda responsabilidad a la empresa del metro. En octubre del mismo año el mismo periódico desvela que ya había habido, en 2003, otro descarrilamiento sin víctimas exactamente en el mismo punto del metro, un hecho que se había ocultado deliberadamente en las subsiguientes investigaciones. En abril de 2013 el programa Salvados de La Sexta emite un reportaje en el que, además de denunciar la larga lista de irregularidades y el silencio informativo, desvela otros detalles como el hecho de que diversos cargos de la Generalitat intentaran ofrecer ventajas y beneficios varios a los familiares de los afectados para que éstos, a su vez, no acudieran a los tribunales. La Asociación de Víctimas terminó llevando el caso al Parlamento Europeo y consiguió que la fiscalía reabriera el caso en enero de 2014, imputando a tres de los antiguos directivos de la empresa de metro. Finalmente, el 3 de julio de 2015, nueve años después del accidente, y tras el cambio en el panorama político que supusieron las elecciones de mayo en la Comunidad Valenciana, se aprobó la formación de una nueva comisión de investigación, por supuesto con los votos a favor de todos los grupos políticos a excepción del PP. A día de hoy no ha habido asunción de responsabilidad política alguna más allá de la de los tres directivos imputados en el caso.

(La estrategia del silencio, documental)

 

Un reguero de indignidades

Podrían citarse incluso más sucesos bochornosos e indignantes que impregnan o impregnaron a la derecha y sobre los que se tiende a aplicar un bochornoso y, probablemente, cómplice silencio: ahí tenemos, por ejemplo, la nefasta gestión del Ministerio de Defensa en el caso del accidente del Yakolev-42 de 2003, ministerio entonces presidido por Federico Trillo. También las desproporcionadas actuaciones policiales en Madrid y Barcelona durante las pacíficas movilizaciones del 15-M de la primavera de 2011, orquestadas por la entonces Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, del PP, y el Conseller de Interior Felip Puig, de CIU. O el hecho, aparentemente casi olvidado, de que quien fuera presidente de la Diputación de Castellón por el PP, Carlos Fabra, aún habiendo sido condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda, fuese nombrado y siga siendo a día de hoy miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. O el hecho de que, muy recientemente, y en medio de altisonantes discursos sobre la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, el PP haya pedido su escaño a la imputada Rita Barberá al tiempo que la incluía en la Diputación Permanente del Senado, gracias a lo cual podrá seguir disfrutando de la condición de aforada, lo que supone que la justicia no podrá investigarla. O que la avalancha de casos de corrupción acumulados durante años dentro del partido no generara ninguna dimisión (más allá de la de varios de los mismos imputados) hasta que lo hiciera Esperanza Aguirre tan tarde como el 14 de febrero de 2016. O el evidente y descarado fraude democrático que supuso el sistemático incumplimiento y traición de todos y cada uno de los puntos del programa electoral con el que el partido conservador se presentó a las elecciones de 2011.

(No solo las incumplieron, sino que las traicionaron, una por una)

 

Y puede seguirse: recordemos la sospechosa plaga de filtraciones de datos fiscales comprometedores de enemigos políticos o aliados caídos en desgracia del PP que se hizo durante los primeros meses de 2015 siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y que salpicaron a personajes tan dispares como Juan Carlos Monedero, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Jordi Pujol e, incluso, la condesa Aguirre. O la represiva e injustificada “Ley Mordaza” que entró en vigor el 1 de julio de 2015, y que establece una serie de sanciones administrativas que penalizan, entre otras cosas, difundir imágenes o datos personales o profesionales de los agentes de Policía sin imponerles a ellos ningún tipo de restricción para grabar a ciudadanos, permite a éstos identificar y realizar cacheos ‘preventivos’, está llena de conceptos jurídicos indeterminados, da prioridad a la palabra del policía sobre la del afectado, establece una lista negra de infractores, prevé multa para organizadores y promotores de manifestaciones no autorizadas incluso si meramente se es participante, y castiga cualquier manifestación que se realice en frente del Congreso, el Senado y las cámaras autonómicas aunque los edificios estén vacíos. Y, por poner un broche, cómo olvidar la ruin defensa de las falsas tesis de George W. Bush para participar en la guerra de Irak de 2003, tesis que defendieron tanto Aznar como numerosos cargos del PP, y que dieron lugar a masivos actos de protesta ciudadana a lo largo y ancho de la geografía española.

(Aznar y su guerra)

(lee la cuarta parte de este artículo aquí)

Advertisements

2 responses to “La doble vara de medir con la que sacude la derecha en España: estrategia del silencio e hilillos de plastilina

  1. Pingback: LA DOBLE VARA DE MEDIR CON LA QUE SACUDE LA DERECHA EN ESPAÑA: los cargos de la izquierda dimiten, pero los de la derecha no tanto | marcosmarconius·

  2. Pingback: LA DOBLE VARA DE MEDIR CON LA QUE SACUDE LA DERECHA EN ESPAÑA: ha sido la ETA | marcosmarconius·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s