La doble vara de medir con la que sacude la derecha en España: A la carga contra la izquierda

Todo el mundo tiene una doble vara de medir. Es un hecho tan evidente y tan reconocido que no supone, de por sí, ningún hallazgo. Lo llamativo, no obstante, sobreviene cuando la diferencia entre la vara utilizada para mesurar al afín y la utilizada para juzgar al adversario difieren llamativamente en rigor. Y de llamativo el asunto se torna en alarmante si esa segunda vara de medir, mucho más severa que la que se usa para lidiar con el predilecto, empieza además a propinar zurriagazos tan fuertes que se lleva a la gente por delante sin atisbo alguno de piedad.

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Los seres humanos pueden intentar ser imparciales a la hora de bregar con según qué cuestiones, pero es un hecho comprobado y comúnmente sabido que nos es imposible ser estricta y completamente objetivos, toda vez que somos seres subjetivos que, precisamente, requieren de esa subjetividad para construirse un juicio y un criterio que les permita discernir y tomar aquellas decisiones que conformarán eventualmente su propia senda vital. Por ende, cualquier artículo periodístico que denuncie el que alguien actúe utilizando una doble vara de medir no podrá evitar basarse, en principio, en una gran obviedad.

No obstante, dicha observación no dejará de ser legítima, pues los humanos no podemos ser objetivos, cierto, pero al menos podemos intentarlo. Como se enseña en las facultades de periodismo, a pesar de que términos como “objetividad” o “verdad” no son aplicables en la vida real, sí lo son otros como “veracidad” o “imparcialidad”. Es decir, que uno no puede pretender estar en posesión de “la verdad” o ser perfectamente objetivo, pero al menos puede intentarlo. Del mismo modo, uno no podrá evitar ser subjetivo a la hora de juzgar a otros, pero al menos podrá intentar deliberadamente que su distinta apreciación con respecto al simpatizante no difiera demasiado de la forma en que se pronunciaría con respecto a alguien más antagónico en similares o peores circunstancias.

La vara de medir de la derecha española, sin embargo, no solo hace distinciones llamativamente muy marcadas a la hora de juzgar a amigos y enemigos sino que, además, carga contra sus contrincantes con una furia inusitada y, lo que es probablemente mucho más importante, a menudo impune.

Las razones de este fenómeno no son fáciles de esclarecer, pero es un hecho probado que, por una amplia serie de circunstancias, la derecha en España parecer poseer todos los triunfos en lo referente a este tipo de cuestiones. Podríamos quizás aducir a la tradicional cercanía entre la derecha y el dinero, y el hecho de que éste, el gran capital, domine actualmente la mayor parte de los medios de comunicación del país, lo que ayuda sin duda a la hora de otorgarle de entrada un cierto predominio en el panorama mediático. También podríamos citar el triunfo del discurso neoliberal capitalista que domina la opinión pública española desde los años noventa. Otro elemento podría ser la propia inercia de una sociedad que lleva muchos años gobernada por la derecha (PP) o por el centro (PSOE) y, por ende, acostumbrada a recibir mensajes netamente conservadores no ya solamente desde la generalidad de los medios sino también desde las instituciones. Incluso podría deberse también a la propia concepción de lo que es la derecha, una postura ideológica que, en gran medida, es conservadora y, por tanto, defensora del status quo, lo que le permite centrar su dialéctica en desprestigiar al contrario, mientras que la izquierda, como movimiento que aspira a cambiar la sociedad, ha de dividir sus esfuerzos en criticar pero, al mismo tiempo, en realizar también un discurso constructivo que plantee una alternativa al estado de cosas reinante.

Más allá de la tremenda disparidad con que la derecha trata a acólitos y antagonistas, lo alarmante del caso radica, sobre todo, en las consecuencias reales de sus acciones y, también, en la falta de consecuencias reales de otras de sus acciones. Es decir, que dado su dominio mediático e institucional, la derecha suele permitirse, por un lado, castigar con extrema dureza a aquellos a los que juzga culpables mientras que, por otro, perdona u olvida muy convenientemente los deslices protagonizados por sus propios acólitos. Todo esto hace que, en la práctica, tanto los exabruptos y la furia verbal como los sonrojos de la derecha española a menudo gocen de una gran impunidad, mientras que los protagonizados por la izquierda devengan sistemáticamente en auténticos linchamientos públicos.

La lista de polémicas y casos en los que el doble rasero de la derecha no solamente se ha traducido en improperios sino también en consecuencias políticas palpables contra sus enemigos es muy larga, como también lo es la falta de reciprocidad cuando los errores se cometen desde la propia derecha. Ciertamente, vale la pena echarle un vistazo para darnos cuenta de la enorme asimetría de trato de la que gozan una y otra tendencia en la opinión pública y los medios de nuestro país.

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“Titirietarras”

El ejemplo seguramente más reciente y uno de los más evidentes de la distinta severidad que se aplica a las polémicas dependiendo de por qué espectro político estén protagonizadas lo constituye el reciente escándalo de los titiriteros de Madrid. Recapitulemos los hechos: 5 de febrero de 2016. Se celebran los carnavales en la capital. Una compañía teatral de marionetas llamada Títeres desde Abajo representa una versión particular de la obra La Bruja y Don Cristóbal. Han sido contratados por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado desde la primavera de 2015 por Manuela Carmena gracias a la alianza entre la izquierda de su partido, Ahora Madrid, y el PSOE, alianza que logró desbancar al PP tras 24 de gobierno de la ciudad.

La compañía, de clara tendencia anarquista, representa una obra satírica en la que la protagonista, una bruja, se enfrenta a los distintos poderes que rigen la sociedad. En sus avatares un juez es ahorcado, una monja es asesinada y un policía cuelga del cuello de la bruja inconsciente un cartel que reza “Gora Alka-ETA” (juego de palabras entre ETA y Al-Qaeda), ello con la intención de incriminarla falsamente por un delito. El Ayuntamiento comete la torpeza de anunciarla inicialmente como “apta para todos los públicos” a pesar de que la propia compañía avise de que no es este el caso, y solo se cambia el letrero y se añade el aviso “Y no, no es para público infantil, es para adultos” tan solo media hora antes de la representación.

La obra de marras ya se había representado previamente en Granada, ciudad gobernada por el PP, en diciembre de 2015 sin que hubiera habido ninguna clase de problema. En Madrid, sin embargo, la tarde de la representación acude un nutrido grupo de niños acompañados por sus progenitores, quienes se indignan y acaban avisando a la policía. Ésta acude y detiene a los titiriteros, que acaban siendo acusados por un juez de guardia de la Audiencia Nacional de los delitos de “enaltecimiento del terrorismo” y de “atacar derechos y libertades públicas”, por lo que son enviados a prisión preventiva tras juzgar el magistrado que existía “riesgo de fuga” y “peligro de reiteración delictiva”. En menos de una semana los titiriteros, que se esfuerzan por explicar el sentido puramente satírico de su obra y, en concreto, del polémico cartel, son puestos en libertad aunque con cargos, retirada de pasaporte y comparecencias diarias en el juzgado. El director artístico del Ayuntamiento y responsable de la obra es destituido, así como la responsable de la coordinación artística de las fiestas, empleada en la empresa municipal Madrid Destino. El consistorio apunta inicialmente que tomará medidas legales contra la compañía teatral, aunque posteriormente da marcha atrás, eso sí, abriendo una investigación.

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(El ABC y su explícita manera de titular)

A lo largo de todo ese tiempo diversos medios elevan el clamor al cielo y exageran y distorsionan el contenido de la obra. Libertad Digital los llama “Titirietarras“, y el ABC asegura en su portada que “el nuevo carnaval de Carmena enseña a los niños a enaltecer a ETA”. Causalmente, nadie repara en su naturaleza satírica, y ello a pesar de la evidente incongruencia (por supuesto pretendida por sus autores) de ligar el terrorismo vasco con el islamista de Bin Laden, terrorismos que, como es comúnmente sabido, no tienen relación alguna entre sí. Aún con todo, el PP no pierde tiempo incluso para denunciar judicialmente a la concejala de Cultura del Ayuntamiento acusándola de “vulneración de los derechos de la infancia, enaltecimiento del terrorismo, cooperación necesaria, incitación al odio e incumplimiento grave del deber de control de los administradores en la contratación”. Esperanza Aguirre va más allá y llega a pedir directamente la dimisión de Manuela Carmena.

(El fragmento de la obra en que aparece el cartelito de marras)

 

Dimisión y querella por humor negro en tuits de hace cuatro años

Otro ejemplo muy ilustrativo y también reciente es el del concejal Guillermo Zapata y sus tuits: Zapata, destacado escritor, guionista, cortometrajista y activista de izquierdas, accede a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid tras la victoria de Ahora Madrid en las municipales de 2015. Apenas unas horas después de su toma de posesión empiezan a circular por la red diversos tuits extraídos de su cuenta en los que se leen comentarios hirientes y en tono jocoso sobre los judíos, Irene Villa o Marta del Castillo. Dichos comentarios datan del 2011, y el recién nombrado concejal explica inmediatamente que se dieron en el contexto de un debate en el que él mismo participó y que trataba precisamente sobre el humor negro y la libertad de expresión. Usuarios cercanos a la comunidad judía y a entornos conservadores primero, y al propio PP más tarde, muestran furibundamente su indignación en las redes sociales. El Mundo y ABC en primer lugar, y El País después, entran al trapo dando por sentado que los tuits representan las ideas del concejal sobre los judíos, sin apenas mencionar que se trata de publicaciones de más de cuatro años de antigüedad. El País compara al concejal con las SS del nazismo. The New York Times llama al ayuntamiento para pedirle explicaciones. Pedro J. Ramírez, por entonces colaborador en El Mundo, pide su dimisión. Esperanza Aguirre se le une, y el PSOE les sigue poco después. El concejal intenta explicarse infructuosamente. Zapata incluso pide perdón a la propia Irene Villa, quien asegura con buen humor no sentirse ofendida. La presión, no obstante, continúa, y la propia alcaldesa acude a una entrevista en televisión en donde, preguntada sobre el tema, insinúa que pedirá su dimisión.

Finalmente, Zapata dimite por iniciativa propia de su puesto de concejal. Han transcurrido tan solo dos días desde el inicio de la polémica y desde su subida al cargo. Posteriormente, la Asociación Dignidad y Justicia se querellará contra él, dando lugar a un proceso judicial en la Audiencia Nacional que será archivado y vuelto a reabrir a instancias de la propia Audiencia en febrero de 2016. Recientemente, el nuevo periódico de Pedro J. Ramírez, El Español, tituló una noticia como “El concejal Zapata contrata como asesora a la pareja con la que abortó”, mereciéndose las críticas de todo el espectro político, incluido el PP.

(Algunas tienen las prioridades muy claras [minuto 14])

(lee la segunda parte de este artículo aquí)

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2 responses to “La doble vara de medir con la que sacude la derecha en España: A la carga contra la izquierda

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